Publicado por Fundación I+E | 29 de octubre de 2020
La Fundación I+E, entidad integrada por multinacionales con larga presencia en España, hace un llamamiento a la colaboración público-privada como dinamizadora de los proyectos de transformación que debe abordar el país, y en concreto, para potenciar el sistema de ciencia e innovación y su transferencia a la sociedad, así como avanzar en el gran objetivo de la transición ecológica.
A partir de los Presupuestos Generales del Estado 2021, cuyo anteproyecto ha sido aprobado por el Gobierno, reclama que se favorezcan mecanismos para que los incrementos en inversión pública, facilitados por el Fondo Europeo de Reconstrucción, actúen como tractores de inversión empresarial. Entiende que es el esfuerzo conjunto entre instituciones, empresas y entidades científicas y académicas, el que dará lugar a verdaderos ecosistemas innovadores que generen riqueza, transferencia de conocimiento y patrimonio industrial. Y que actúen como vertebradores de la economía, los territorios y la sociedad.
A la vista de los PGE presentados, la Fundación I+E valora positivamente aspectos como el incremento de la inversión pública en I+D, un 80% más que en los últimos presupuestos; el incremento significativo de la dotación del Ministerio de Ciencia e Innovación; el Plan España Digital 2025 y, en general, los incrementos de las partidas presupuestarias para Educación, Industria o Sanidad. Comparte, asimismo, el objetivo fijado por el Gobierno de incrementar gradualmente la inversión en I+D hasta alcanzar el 3% del PIB en 2030, representando la pública el 1,25% y la de las empresas el 1,75%.
Conscientes de que la innovación no es un fin, sino el medio para hacer realidad un país avanzado y próspero, así como consolidar un estado del bienestar sostenible, las multinacionales instan a dirigir esas inversiones de forma estratégica, para lo cual, proponen:
Estas y otras propuestas figuran recogidas en el informe Mover España hacia una Década Ilusionante: Ahora o Nunca, que la Fundación I+E ha venido compartiendo con el Gobierno y con las principales instituciones y entidades económicas, empresariales y sociales del país. Establece el documento que, además de inversiones y actuaciones bien dirigidas, será necesaria también la determinación y la colaboración de todas las instituciones y actores de la sociedad civil. Invita, así, a poner en marcha políticas de Estado a largo plazo, marcos regulatorios que estimulen la innovación y la atracción de inversiones de largo recorrido, y situar siempre a las personas el centro, priorizando el empoderamiento, la eliminación de brechas y el reconocimiento del factor humano como hecho diferencial de las sociedades avanzadas.