Publicado por Fundación I+E | 19 de septiembre de 2024
Desde innumerables foros se nos apela a impulsar la inversión en innovación en España, y fundamentalmente, la inversión empresarial. La última en llamarnos la atención ha sido la Comisión Europea, que insta a nuestro Gobierno a buscar fórmulas para impulsar la inversión privada en I+D, recordándonos que es una de las más bajas de la UE: representa sólo el 0,8% del PIB frente al 1,5% de media europea. Recordemos que nuestro país se ha fijado el objetivo de que su gasto total en I+D, público y privado, se eleve hasta el 3% del PIB en 2030, lo que nos situaría muy cerca del top TO mundial. Y tendría un efecto transversal muy positivo sobre nuestra economía, nuestra industria, el empleo y el estado del bienestar. Sin embargo, a escasos seis años de esa meta, el gasto se limita al 1,44% del PIB, es decir, a menos de mitad de camino.
No podremos decir que no estamos de acuerdo todos, instituciones y empresas, en la necesidad de acelerar y elevar el esfuerzo innovador de las empresas. A este respecto, resulta critico recordar que uno de los principales mecanismos para estimular la inversión son los incentivos fiscales a la I+D+i. Cabe decir que España cuenta con un ventajoso marco y una amplia variedad de incentivos, pero necesitamos claramente modernizarlo para que se adapte al nuevo marco empresarial.
Actualmente, tenemos disfunciones que afectan, principalmente, a la utilización y ejecución de dichos beneficios fiscales. Las empresas se topan con problemas en los procesos de solicitud y en determinados aspectos legales que generan incertidumbre y limitan la efectividad. Así, los obstáculos principales son las restricciones en la aplicación de las deducciones y el impacto de la tributación mínima global del 15%. Además, los cambios en las normas para la aplicación de las bonificaciones al personal investigador y la jurisprudencia que limita la base de la deducción para gastos de IT, no ayudan a generar mayor inversión en nuestro país.
Con este escenario de fondo, creemos necesario, en primer lugar, que se adapten las definiciones de los conceptos de I+D+i al cambio tecnológico: primordial- mente, en áreas como el software y la inteligencia artificial, que son esenciales en la innovación de hoy. La legislación debe ponerse al día y redefinir esos conceptos y su vínculo efectivo con la inversión en I+D+i, ya que la regulación que hoy rige es obsoleta y necesita adaptarse a la realidad empresarial actual.
En segundo lugar, proponemos revisar la base de cálculo de la deducción. Por un lado, deben modificarse las definiciones de los conceptos que pueden ser computados para el cálculo de la misma: en particular, dada la interpretación efectuada por la jurisprudencia y su impacto negativo, es crítico modificar la normativa aplicable al cálculo de la base de la deducción para los casos de desarrollo de software. Por otro, debe unificarse la base de cálculo entre I+D e innovación tecnológica para garantizar una mayor inversión en ambos campos.
Asimismo, por lo que se refiere al porcentaje de la deducción, consideramos que sería necesario incrementarlo, particularmente para el caso de las actividades de Innovación Tecnológica. Además, las deducciones de I+D+i no deberían ser computadas a los efectos del cálculo de la cuota mínima del 15% de la base imponible. La reforma de la Ley del Impuesto de Sociedades efectuada para establecer dicho tipo mínimo del 15%, perjudica claramente a las empresas que in- vierten en I+D, ya que se limita de manera sustancial la aplicación de esas deducciones, e incluso la imposibilita en algunos casos. También sugerimos que se incremente el período para la aplicación de las deducciones o que se flexibilicen los criterios para la aplicación de la monetización, permitiendo así una mayor utilización de los créditos generados.
A estas medidas podríamos añadir una serie de mejoras técnicas, como ampliar las posibilidades de uso del crédito fiscal para satisfacer otros impuestos y como garantía financiera. Proponemos también la creación de un sello de Empresa Innovadora que agilice la acreditación de los proyectos y su puesta en marcha. Y consideramos esencial reducir las car- gas administrativas y mejorar la coordinación entre ministerios, debiendo evitarse la diferencia de criterio entre diversas administraciones.
En estos últimos 20 años, ha cambiado el mundo y ha cambiado nuestra vida, desde cómo trabajamos hasta cómo nos comunicarnos, nuestra re- lación con el médico o con nuestro banco. También se han transformado el ecosistema el empresarial y el entorno competitivo. Por la misma razón, la deducción por el desarrollo de actividades de I+D+i no puede quedarse atrás: necesitamos actualizarla. Dichos cambios contribuirían significativamente a fomentar la inversión y la competitividad empresarial y, a la larga, ayuda- rían al crecimiento potencial del país y al bienestar general de sus ciudadanos.
*** Marta Moreno y Soraya Gamonal. Representantes de HP y Deloitte en el Grupo Fiscal de la Fundación I+E.
Fuente: El Economista